Los trabajos de apuntalamiento interior y aseguramiento de las zonas inestables del Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán deberán comenzar de forma inmediata y estar concluidos en un plazo máximo de entre dos y tres semanas. Así lo acordó la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural tras analizar las actuaciones urgentes necesarias después del derrumbe parcial registrado el pasado 1 de septiembre.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte notificó hoy el acuerdo tanto a la propiedad como al Ayuntamiento de Almazán. La decisión fue adoptada el miércoles durante una reunión extraordinaria de la Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por la delegada territorial de la Junta, Yolanda de Gregorio.

El derrumbe afectó a cinco arcos situados en la parte intermedia de la galería porticada de la fachada norte del Palacio y a los forjados intermedios. Técnicos del Servicio Territorial realizaron una visita al interior del inmueble dos días después para comprobar la evolución de los daños y la propiedad presentó el 7 de septiembre un informe con las actuaciones propuestas.

La Comisión autorizó las actuaciones planteadas, pero establece una serie de prescripciones. Los primeros trabajos deberán centrarse en el apuntalamiento interior de las zonas próximas al derrumbe y en asegurar los elementos inestables.

Las medidas de estabilización tendrán que extenderse también a los espacios colindantes que se encuentren afectados. Además, se deberá intervenir sobre la fachada de adobe que ha quedado expuesta y sujetar las partes de la cubierta que no se encuentran ancladas.

Cualquier desmontaje de partes inestables tendrá que comunicarse previamente al Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y consensuarse con sus técnicos. La retirada deberá realizarse de forma controlada y limitarse a los elementos estrictamente necesarios para garantizar la estabilidad.

La Comisión estableció también que las protecciones instaladas en el entorno no podrán retirarse hasta que se garantice la seguridad para la circulación de personas y exige adoptar medidas para evitar el expolio de las piezas desprendidas.

Una vez estabilizado el edificio, la propiedad deberá proceder inmediatamente a retirar y almacenar en un lugar seguro todos los restos constructivos procedentes del derrumbe, independientemente de su aparente estado de conservación.

Para ello deberá elaborar, en un plazo máximo de 15 días desde la notificación del acuerdo, un plan que determine cómo se recogerán y trasladarán los materiales, su trazabilidad y los lugares y condiciones en los que serán conservados.

Patrimonio presta especial atención al artesonado de madera y establece que, siempre que sea posible, deberá recuperarse en bloque y no podrá almacenarse a la intemperie. Todo el material tendrá que someterse además a un proceso de clasificación, inventario y valoración técnica realizado por personal cualificado.

Riesgo de deterioro

La Comisión advirtió de que el apuntalamiento constituye únicamente una solución de emergencia y no puede mantenerse como respuesta definitiva. Las partes del Palacio que han quedado expuestas a las condiciones meteorológicas podrían sufrir “un grave deterioro, incluso un nuevo colapso”, por lo que deberán adoptarse medidas para impedir la entrada de agua de lluvia o facilitar su evacuación.

Una vez concluidos los trabajos de estabilización comenzará una nueva fase. En el plazo máximo de un mes, la propiedad deberá presentar para su autorización una memoria técnica valorada que incluya un calendario para la consolidación, restauración y reconstrucción del Palacio, además de un estudio y valoración de su estabilidad.

Aunque el derrumbe se ha producido en la parte norte, el órgano de la Junta recordó que la declaración como Bien de Interés Cultural afecta a la totalidad del inmueble. Por ello, después de actuar sobre la zona dañada deberá realizarse una inspección completa del bien.

Los técnicos constataron, además, que la zona del torreón presenta grietas sensiblemente mayores que las observadas durante una visita realizada en julio de 2023 y que los testigos de yeso colocados en 2024 están rotos o despegados. Esta situación lleva a considerar que se han producido movimientos estructurales, aunque el informe precisa que no puede asegurarse que sean consecuencia exclusiva del derrumbe del pasado 1 de septiembre.

Finalmente, la Comisión de Patrimonio remarcó que la legislación autonómica atribuye a propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre bienes del patrimonio cultural la responsabilidad de conservarlos, mantenerlos y protegerlos para evitar su pérdida, destrucción o deterioro y que la normativa establece además que una situación de ruina provocada por el incumplimiento de los deberes de conservación conlleva la realización, a cargo del propietario, de las actuaciones necesarias para restituir el bien.